Combustibles: primero nuestro ambiente


El Ministerio del Ambiente (Minam), a través de la Política Nacional del Ambiente al 2030, establece la mejora de la calidad ambiental del aire y promueve la producción de combustibles limpios para atender la problemática advertida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual señala que el 92 % de la población mundial registró concentraciones de PM (material particulado) 2,5 superiores al valor recomendado por la OMS de 10 µg/m3.

 Sin una regulación, la exposición aumentaría en un 50 % para el 2030, lo que pondría en grave peligro la calidad de vida y supondría un riesgo de carácter vital en todo el mundo. 

En ese sentido, en el Perú se han aprobado y se viene implementando una serie de normas para mejorar la calidad ambiental del aire, así como para disminuir el impacto de las emisiones producidas por vehículos automotores que utilizan combustibles fósiles.

Para esto el Minan aprobó el Decreto Supremo n.° 010-2017-MINAM, que establece los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos automotores, modificado por el Decreto Supremo n.° 029-2021-MINAM.

Debido a ello, en la actualidad, la mayoría de los combustibles comercializados tienen un contenido de azufre no mayor a 50 partes por millón (ppm), medida que será obligatoria a partir del 01 de enero de 2023 (a excepción de los departamentos de Loreto y Ucayali), en atención a lo dispuesto por el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, modificado por Decreto Supremo n.° 006-2022-EM, que establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el Diesel, Gasolina y Gasohol para su comercialización.

Esto quiere decir que cada vehículo gasolinero emitirá hasta el 90 % menos de óxidos de azufre, además de la reducción de emisiones de otros gases como los óxidos de nitrógeno (NOX), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Dichas medidas han generado que los actores, vinculados a la distribución y comercialización de combustibles, inviertan en mejorar sus respectivos procesos y evaluaciones.  Si bien esas medidas implican un incremento de costos, ellas redundarán positivamente en la calidad del aire y la salud de la población en nuestro país.